¡Pobre México!

Por: Gerardo Mata

La propuesta de Felipe Calderón de desaparecer las más de dos mil policías municipales y crear sólo 32 corporaciones policiacas estatales no encontró eco en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a pesar de que algunos mandatarios estatales en lo particular (como el caso Zacatecas) sí ven con buenos ojos el disparate.

La propuesta de la presidencia de la República no obedece en absoluto a la creación de un orden institucional de la Nación que coadyuve al fortalecimiento de los derechos de las personas, y sí, en cambio tiene su origen por una parte en hacer acopio de fuerzas armadas para afrontar la sangrienta guerra que inició sin estudio y juicio alguno, y por otra parte tiene como consecuencia entregar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, una responsabilidad que ya no es capaz de soportar.

Habría que preguntarse si esta iniciativa no rompe la supuesta voluntad del pueblo mexicano expresada en el artículo 40 de la Constitución, de ser “una República representativa, democrática, federal” que enfatiza la unión federal como sistema de equilibrio gubernamental. La insistencia de Calderón  y su equipo de trabajo sin duda alguna traerá como consecuencia permitir que la regionalización de la violencia termine para dar paso a una guerra generalizada en todo el territorio nacional; guerra desatada por Calderón contra un supuesto enemigo que ya ha quedado muy lejos de su origen y que ahora ha diversificado sus métodos de lucha y va más allá del tráfico de estupefacientes y disputa ahora el control de territorios, invierte en campañas electorales, ha permeado la idiosincrasia mexicana, utiliza métodos terroristas, subsidia programas propios de apoyo alimenticio en poblaciones rurales, mantiene a salvo sus empresas y otras vías de lavado de dinero y dicta la agenda de poblaciones enteras.

Por otro lado vale la pena observar que, independientemente de la cooperación verbal de los gobernadores de los estados y del jefe de gobierno del Distrito Federal, la actividad bélica y genocida del gobierno federal no cuenta con un apoyo real en las entidades federativas, lo que se traduce en una iniciativa casi personal que defiende por convicción (quien sabe cuál será el origen de tal convicción) Felipe Calderón, contando tan sólo con el apoyo “institucional” de su gabinete, gente dispuesta a cambiar de opinión en cuanto otro presidente tenga otra iniciativa distinta. Cada uno de los estados, por su lado, pone en marcha sus propios programas de autodefensa y de persecución de los crímenes, esto sí dentro del marco Constitucional, haciendo uso de los recursos a su limitado alcance y atendiendo intereses propios de quien gobierna cada entidad. Esto representa una señal clara de alerta para la población del país.

El año entrante habrá de elegirse un nuevo presidente, y se renovará en su totalidad el Congreso de la Unión. En un país como México que tiene la costumbre centenaria ya de renacer y reinventarse en cada cambio de gobierno, no podemos tener la menor duda de que la nueva administración gubernamental cambiará el rumbo de la guerra iniciada y mantenida tercamente por Calderón, ya sea con el fin de disminuir la mortandad atroz que ha llenado de luto, viudas, viudos, huérfanos y huérfanas al país; ya sea con la finalidad de preservar o aumentar los índices de aceptación de quien gobierne, o simplemente porque las campañas electorales serán un marco idóneo para que tras bambalinas los grupos económicamente más fuertes (léase líderes de la delincuencia organizada) pacten con los candidatos que vayan punteando las preferencias electorales.

De cualquier manera el escenario que se puede proyectar a partir de la realidad actual no es de ninguna forma halagador. Si se concreta o no la descabellada propuesta de las policías con mando único, si se termina o no la sangrienta guerra que ya nos ha costado más de cincuenta mil vidas humanas, la cantidad de armas y la formación de facto de ejércitos estatales serán una amenaza constante para la seguridad nacional. La invención y el fortalecimiento de nuevos cuerpos policiacos ponen en riesgo a la población inerme. Asimismo la insistencia oficial de penalizar la libertad de expresión a través del control estricto de las redes sociales y del internet es la antesala de la supresión de garantías individuales y de violación de los derechos humanos.

La guerra iniciada y mantenida por Calderón no tiene una salida fácil para el pueblo de México, y es imposible para sus gobernantes, porque antes de reducir la peligrosidad y la permanencia de los grupos delictivos, lo que logró la acción bélica oficial fue potencia y empoderar a grupos armados de diversa índole, que operan sin control en cualquier espacio del territorio nacional con la complacencia, la complicidad o bajo la presión del miedo de las administraciones municipales y estatales. El genocidio organizado desde Los Pinos dejará profundas heridas y cicatrices imborrables, aún en las instituciones o la institución que antes era la única que mantenía la aceptación social. Nunca como antes la decisión social tiene una enorme responsabilidad. ¡Pobre México!