Por: Teresa Morales Duke
El encarcelamiento del ex oficial mayor del gobierno pasado, Eduardo Ruiz Fierro, por malos manejos del erario público que podrían alcanzar más de mil millones de pesos, puso en cuestionamiento de nueva cuenta la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de hecho declaró “intocable” a la ex gobernadora perredista Amalia García Medina, pese a anomalías que algunos abogados consideran tienen visos de peculado y susceptibilidad a un procedimiento penal.
Lo anterior desde la óptica de Guillermo Huízar Carranza, contralor interno del actual Gobierno del estado, quien contextualizó que la aprehensión de Ruiz Fierro, se da en el marco de 25 auditorías a servidores públicos, principalmente del gobierno anterior, a 17 meses de que tomó posesión la actual administración de extracción priísta.
Huízar dijo que existen 62 expedientes abiertos por presuntos actos de corrupción en contra de funcionarios, principalmente de la anterior administración gubernamental de García Medina, los cuales reiteró están vigentes, y hay cuatro que ya fueron sancionados por la Contraloría contra servidores que se desempeñaron en la propia Oficialía Mayor, Salvador Salado, Miguel Guzmán, Félix Guzmán y Jaime Avila Cortés, multados e inhabilitados por 10 años.
El funcionario recordó las “rarezas” sólo posibles en México, en el fallo de la SCJN que concedió amparo exclusivo a García Medina, sin ninguna lógica jurídica, luego de que la ex mandataria habría recurrido a la magistrada Olga Sánchez Cordero, presunta artífice de la extraña atracción del expediente y la posterior anulación del procedimiento por la falta de un refrendo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Aceptó que el litigio le ha resultado desgastante, es decir, cargar con “este lastre”, incluso lo ha sido para todo el gobierno, máxime cuando finalmente, aunque sólo en el ámbito administrativo, la ex gobernadora fue declarada “intocable” por la SCJN.
No obstante, Huízar se exculpó, pues la falla en la LRSP viene de 11 años atrás al no haberse refrendado en ese momento. Dijo que no está obsesionado con el caso, en tanto la Corte ya canceló la vía administrativa; la vía política quedó fuera de tiempo (juicio político), aunque aún están abiertas la vía penal, civil y mercantil.
“Están abiertas dichas vías y se analizarán en su momento, pero no puede el Gobierno casarse con un solo asunto como si fuese una obsesión”, dijo, además de que, son decisiones que tienen que calcularse muy bien, pero que las irregularidades no prescriben y en cualquier momento pudiera iniciarse el procedimiento penal, explicó.
La intocabilidad de la ex gobernadora se torna grave al venir del más alto tribunal del país, reconoció, decisión que pasó por alto la documentación comprobatoria de las irregularidades encontradas en su administración, entre las que mencionó la utilización de recursos públicos para prestarle a particulares; haber solicitado un préstamo de 300 millones de pesos a Banamex en plena época de campaña con el compromiso de pagar en su periodo constitucional, excepción considerada por la Ley de deuda pública, pero que sin embargo, no fue saldado ni llevado a pasivo estatal, además de las consecuencias brutales que generó en perjuicio del erario, indicó.
Entre las irregularidades, también, la ex gobernadora amplió los presupuestos de las dependencias, por miles de millones de pesos, en pleno proceso electoral para ampliar los apoyos en diversos programas, sin tener ingresos adicionales, precisó el contralor.
Aseveró que sólo en el caso del oficial mayor y cuatro de sus colaboradores, ya que la Oficialía es la instancia administradora de los recursos del estado, el expediente fue encausado por la vía penal, dada la gravedad de las irregularidades que se cometieron.
Existen reservas para reabrir el litigio contra la ex gobernadora pues la Contraloría se enfrenta con uno de los despachos más poderosos e influyentes del país, es decir, el de el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con visibles nexos, incluso en el nombramiento de magistrados de la SCJN.
Huízar rechazó tajantemente que la decisión sobre los casos de Amalia e incluso del propio Ruiz Fierro tengan que ver con criterios o valoraciones de tipo político o sean producto de la obsesión, pues se basan en estricto apego al marco de derecho.
Se mostró satisfecho con este primer desenlace del trabajo de la Contraloría, es decir, la aprehensión el martes pasado del ex funcionario, quien fue detenido en la capital del país por oficiales de la Policía Ministerial dependientes de la Procuraduría General de justicia del Estado (PGJE) y más tarde internado en el Cereso de Cieneguillas de esta capital, reclusión simultánea al juicio que se le sigue.
Huízar, quien asumió el cargo en septiembre de 2010 en la sucesión perredista-priísta de Amalia García y Miguel Alonso Reyes, fijó los antecedentes del caso Ruiz Fierro en las anomalías de la entrega-recepción del gobierno que, sostuvo, no existió el proceso formal, por lo que fue necesario proceder a las auditorías, lo cual, dijo, no fue un acto potestativo o deliberado, sino apegado a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que instruye la revisión en el traspaso de los gobiernos.
En ese sentido Huízar volvió a deslindarse de interpretaciones que confunden la aplicación de la ley, con “revancha política, desahogo de rencores o sorteo macabro”, y legitimó las auditorías al hallarse una serie de irregularidades administrativas.
Entre las anomalías en la Oficialía enumeró las compras de Gobierno sin licitación y adjudicación directa por 800 millones de pesos, éstas al margen de la ley de adquisiciones y con beneficio personal por sobreprecios; asimismo, duplicidad y falsificación de facturas, entre otras.
El juez emitió la orden de aprehensión por delitos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas, indicó el contralor interno. El delito, sin embargo, de acuerdo al Código Penal no está considerado grave y por lo tanto la posibilidad de que pueda salir libre bajo fianza, procesado, o hasta sentenciado, está abierta.
“Lo que no se quiere es que venga una desilusión por parte de la sociedad. Digo, tampoco se trata de decir ahora lo metemos porque lo metemos (a la cárcel)”, indicó.
El proceso administrativo en contra de diversos funcionarios del gobierno amalista, está en curso, dijo Huízar, al mencionar que permanecen abiertos los expedientes, aunque una parte de ellos corresponde a servidores de la actual administración, alrededor de 25, según manifestó.
El único caso en el que la Contraloría fue vencida por la vía jurisdiccional, mediante el citado amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue en el expediente de la ex gobernadora García Medina, no así en el resto, puntualizó.
Huízar recordó que la omisión de una firma en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aprobada en 2001, es decir la falta de refrendo, fue el argumento utilizado por la SCJN para amparar a García Medina, y que no fue despiste, pues fue detectado por la Contraloría y por la Coordinación General Jurídica a tiempo, sin embargo, se valoraron alternativas, así como las resoluciones en seis casos similares en la República (Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Yucatán).
Agregó que en cinco de dichos casos la Corte definió que la falta de refrendo no afectaba la validez de las leyes en el mismo número de estados, lo cual fue el hecho decisivo para que la Contraloría mantuviera la defensa del procedimiento contra García Medina con base en dicha ley.
El contralor observó que ya el juez de distrito había negado aquí los amparos a la ex gobernadora y a cuatro de sus funcionarios. Luego presentaron el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado estatal, pero cuando estaba a punto de resolverse, vino la extraña atracción del caso por la SCJN, curiosamente, después de una larguísima cena entre Amalia García y Olga Sánchez Cordero, esta última, ministra de la Suprema Corte de Justicia, refirió el funcionario.
En la SCJN tres jueces fallaron a favor y dos en contra de extraer el expediente de las instancias estatales.
Muy curioso también resultó que sólo el expediente de Amalia le fuera retirado a las instancias estatales, ya que los otros cuatro funcionarios que solicitaron amparo fueron rechazados, pese a que son idénticos, indicó el entrevistado. Ya en el Tribunal Colegiado del estado la promoción había resultado improcedente para estos ex servidores.
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